La reciente seguidilla de casos dramáticos de ataques de perros en el país ha encendido las alarmas en el Congreso de la República. Ante una situación que legisladores consideran crítica, se ha presentado un nuevo proyecto de ley que busca cambiar el enfoque preventivo por uno punitivo severo: cárcel efectiva para los dueños irresponsables.
La iniciativa surge tras cuestionarse la efectividad de las normativas vigentes. Ni las multas administrativas ni la obligatoriedad del uso de bozal y correa han logrado frenar las agresiones, muchas veces con consecuencias fatales o irreversibles para adultos y niños.
El detonante: La tragedia de una menor El texto del proyecto legislativo resalta la gravedad de la situación actual citando un caso reciente que conmocionó a la opinión pública: la muerte de una bebé de apenas 9 meses de nacida, quien falleció tras ser atacada ferozmente por dos perros de raza pitbull.
Este y otros incidentes con consecuencias graves para la integridad física de las víctimas han impulsado la necesidad de revisar el código penal respecto a la tenencia de mascotas.
La propuesta legislativa La congresista Jhakeline Katy Ugarte Mamani (integrante de la bancada Juntos por el Perú-Voces del Pueblo-Bloque Magisterial) es la autora del proyecto que intenta dar una respuesta contundente a este problema de seguridad pública.
La propuesta apunta directamente a los propietarios de canes catalogados como de “raza peligrosa” o “potencialmente peligrosa”. El argumento central es que la responsabilidad del comportamiento animal recae directamente sobre el dueño.
Las penas de cárcel propuestas
De aprobarse la norma, se establecerían sanciones privativas de libertad claras para los dueños cuyas mascotas ataquen a terceros:
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Por lesiones: Si el ataque del perro provoca lesiones (leves), el dueño enfrentaría una pena de cárcel de uno a dos años.
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Por lesiones graves: Si las consecuencias del ataque son consideradas graves para la salud de la víctima, la pena privativa de libertad aumentará significativamente, oscilando entre cuatro a seis años de prisión.
El proyecto de ley deberá seguir ahora su curso en las comisiones respectivas del Congreso antes de llegar al Pleno para su debate y eventual votación.
