La exmandataria se ampara en una interpretación legal para reclamar el «paquete vitalicio» completo, asegurando un futuro de privilegios con cargo al erario público a pesar de su salida por la máxima censura política.
A pesar de haber enfrentado la vacancia presidencial, la exmandataria Dina Boluarte ha activado los mecanismos administrativos para reclamar el denominado «paquete vitalicio», amparándose en el Acuerdo de Mesa N° 78-2016. Esta solicitud le garantizaría no solo una pensión dorada, sino también una serie de beneficios logísticos de por vida.
La controversia se enciende al revelarse que Boluarte busca mantener estos privilegios argumentando que la ley la blinda, independientemente de la sanción política que significó su destitución.
¿Qué incluye el «Paquete Vitalicio»?
Según la normativa a la que apela la defensa de la expresidenta, los beneficios solicitados al Congreso incluyen:
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Pensión Mensual: Un monto de S/ 35,568, cifra récord alcanzada tras el aumento de sueldo que se aseguró durante su gestión.
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Movilidad: Un vehículo asignado permanentemente.
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Personal: Chofer privado y seguridad personal.
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Combustible: Cobertura de gastos de transporte.
En esencia, Boluarte exige mantener un estilo de vida de alto perfil financiado por los impuestos de los ciudadanos, demostrando, según críticos, que la normativa actual prioriza el estatus del exfuncionario sobre la moralidad de su gestión.
El blindaje legal y el sueldo récord
El punto más crítico de la solicitud es la «garantía de monto». Al haberse aprobado un aumento de sueldo previo a su salida, la exmandataria se aseguró de que el cálculo de su pensión vitalicia se base en la cifra más alta posible.
Boluarte sostiene que la vacancia —la máxima censura política que puede ejercer el Congreso— no es impedimento legal para recibir estos fondos. Según su interpretación, el beneficio es inherente al cargo ocupado, sin importar cómo terminó su mandato.
¿Qué podría frenar el pago?
Aunque la indignación ciudadana es palpable, las barreras para detener este cobro son limitadas y estrictamente procesales:
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Acusación Constitucional: El único freno inmediato es que el Congreso apruebe una acusación constitucional en su contra. Sin embargo, esto se presenta más como un obstáculo burocrático que como un filtro ético real.
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Condena Judicial: La ley contempla la suspensión del beneficio ante una sentencia firme. No obstante, mientras los procesos judiciales avanzan (lo cual puede tardar años), la solicitud de Boluarte no se suspende y podría empezar a cobrar en breve.
La solicitud de Dina Boluarte pone en jaque la ética pública, revelando un sistema donde un expresidente vacado puede acceder a una vida de lujos y seguridad estatal, salvo que una lenta burocracia legislativa o judicial diga lo contrario.
