HUAURA. — Una audiencia tensa y reveladora se vivió en el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaura. La jueza Sandy Basilio Ysidro sometió a un severo interrogatorio al representante del Ministerio Público, evidenciando presuntos vacíos legales y falta de precisión en el requerimiento de prisión preventiva contra los imputados del caso denominado «Los Intocables del Norte Chico».
Tras casi un mes de detención preliminar, la situación jurídica de los investigados se definirá mañana, en medio de fuertes cuestionamientos sobre la firmeza de la acusación fiscal.
Argumentos fiscales «en el aire»
Durante la audiencia virtual, la magistrada Basilio Ysidro fue enfática al solicitar al fiscal que precise los elementos de convicción para el delito de Lavado de Activos. La jueza cuestionó cómo se configura la «puesta en peligro» del bien jurídico y exigió saber cuál es la modalidad específica delictiva que se imputa, más allá de generalidades.
«¿De qué manera se pone en peligro respecto a la conducta de estos imputados? (…) No se especifica respecto a la adquisición de esos bienes si han sido durante este periodo», increpó la jueza, señalando que la Fiscalía menciona la creación de empresas en 2018 y una investigación en 2023, sin lograr conectar temporalmente la compra de vehículos e inmuebles con el dinero supuestamente ilícito de ese periodo específico.
La controversia de las «Escuchas Telefónicas»
Uno de los puntos más críticos de la jornada fue el cuestionamiento sobre la prueba trasladada. La Fiscalía pretende utilizar escuchas telefónicas de un proceso distinto (del año 2018) para sustentar esta nueva investigación de 2023.
La jueza Basilio advirtió la ausencia de una disposición fiscal o sustento jurídico válido que ampare este traslado de investigación. «¿Me podría señalar alguna disposición fiscal en la cual se haya dispuesto ese traslado… o el sustento jurídico para este traslado de investigación?», cuestionó la magistrada, dejando en evidencia que el Ministerio Público podría estar vulnerando el debido proceso al usar audios antiguos sin la formalidad de ley.
Defensa denuncia falta de imputación individual
Los abogados defensores, entre ellos el letrado Osorio García y la defensa de Abel Enrique Aramayo Villanueva, se sumaron a los cuestionamientos de la magistrada. Denunciaron que el fiscal «da vueltas y no responde», pretendiendo atribuir responsabilidad de lavado de activos a todo el grupo por compras realizadas por un tercero (el Sr. Chávez), sin individualizar qué bienes habrían adquirido sus patrocinados.
«El señor fiscal no ha precisado qué bienes ha adquirido la organización criminal… ¿Mi cliente adquirió algo? ¿Es socio de alguna empresa?», reclamó la defensa de uno de los imputados, argumentando que se busca encarcelar a ciudadanos basándose en generalidades y no en pruebas concretas de enriquecimiento ilícito.
Decisión inminente
Los investigados, quienes llevan casi un mes privados de su libertad sin una acusación que —a criterio de lo observado en la audiencia— parece carecer de firmeza en puntos clave, esperan el fallo final.
La jueza Sandy Basilio dictará su resolución el día de mañana. Su decisión determinará si los imputados enfrentarán el proceso en libertad o si se impondrá la prisión preventiva, un fallo que ahora pende de un hilo ante la incapacidad fiscal de absolver las dudas razonables del juzgado.
